De manera a no generar contratiempos en la comercialización de los productos agropecuarios, uno de los pedidos del sector productivo al próximo Gobierno de Paraguay es el correcto análisis de los acuerdos ambientales, impulsados por organismos internacionales, que puedan generar barreras comerciales. El estudio de los futuros convenios debe basarse en los aspectos de carácter técnico, económico, social y ambiental en conjunto, y no enfocarse solo en uno de ellos, indicó a Nación Productiva el Ing. Agr. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

 

A días de las elecciones generales 2023, el sector productivo nacional expone las principales prioridades que el siguiente Gobierno nacional deberá asumir para garantizar el desarrollo sostenible del país. Uno de los planteamientos es el análisis de acuerdos ambientales que debido a la presión de organismos internacionales pueden poner en riesgo los intereses de Paraguay.

 

Durante el programa Nación Productiva, emitido los domingos a las 20:00 en Canal PRO, Cristaldo mencionó que es necesario que las próximas autoridades nacionales encuentren un balance en la posible firma de acuerdos con organismos internacionales que, en su búsqueda de mitigar el cambio climático, establecen medidas políticas que afectan el comercio agropecuario y  la seguridad alimentaria global.

 

Creemos que se tiene que crear una instancia donde se analice más ampliamente los tipos de convenios, regulaciones y leyes que van establecerse en Paraguay, con enfoque económico, social y ambiental”, destacó el ingeniero.

 

Sobre esta postura, recordó el caso del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que se basa en el principio precautorio, por lo que promueve regulaciones comerciales basadas en supuestos, sin fundamentos científicos, que causan trabas innecesarias al comercio y al acceso a tecnologías. La ratificación de este documento, suscrito por Paraguay en 2018, fue posteriormente rechazado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y gremios vinculados a la producción, la industria y el comercio.

 

En ese punto, el titular de la UGP resaltó que es importante entender que la producción de alimentos y el ambiente no son antagónicos, sino complementarios. Gracias al modelo productivo sustentable, Paraguay redujo 26 % la pobreza en los últimos 20 años, además se registró un crecimiento del producto interior bruto (PIB) de USD 7000 a casi USD 40 mil millones, y del PIB per cápita, que avanzó de USD 1300 a 5300 millones.

 

Enfatizó que la producción nacional se basa en la adaptación al cambio climático (eje económico, social y ambiental) y en las últimas dos décadas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) bajaron 10 %.

 

En su explicación Cristaldo ratificó que la relación entre las medidas comerciales en acuerdos ambientales internacionales debe plantearse de forma equilibrada, coordinada y articulada entre las instituciones del Estado y los diferentes sectores involucrados.