La Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas (APS) exige a los transportistas liberar el paso de los camiones retenidos en las rutas del país. El gremio está de acuerdo en que se debe establecer un precio ajustado a la oferta y la demanda por el flete, dentro de un contexto de libre mercado, pero rechaza la intención de crear por ley un costo fijo del servicio.
La Comisión Directiva de la APS dio a conocer su postura ante el reclamo de los transportistas de carga sobre el precio justo por el servicio de flete. El gremio señala que el costo del servicio, que debe ser de calidad y contar con la flota necesaria para el traslado de las mercaderías, debe ajustarse de acuerdo con la oferta y la demanda dentro de un contexto de libre mercado.
La APS considera que el reclamo de los camioneros sobre un precio justo del flete es válido, pero no acompaña la idea de crear una ley que regule este precio porque es un sistema que con el tiempo no va a funcionar.
“Creemos que el equilibrio en el precio se establece dentro del marco de la negociación y no con base en una imposición. En caso de consumarse el quiebre de este principio básico, en el futuro se presentarían serios desajustes que causarían la pérdida de competitividad”, señala el comunicado.
En su escrito el gremio recalca que la producción y el país necesitan del sector transportista para llegar a los mercados, por lo que este segmento requiere ser fortalecido y estimulado, y al ser partícipe de la cadena de valor de la producción de alimentos de Paraguay debe adherirse a las leyes vigentes y basarse en el principal factor de la competitividad sustentada en las leyes de la oferta y la demanda.
Así también, la APS subraya que las empresas transportadoras deben establecer ciertos parámetros con los choferes para acceder a una distribución de los recursos cobrados por los servicios de transporte prestados porque, de lo contrario, siempre existirá este tipo de reclamos que no ayudan a la previsibilidad del sector productivo ni de ningún otro segmento económico del país.
El gremio exige tanto a la Fiscalía como a la Policía Nacional que se resguarde la seguridad de las personas que no se adhieren al paro, así como el patrimonio privado. “Repudiamos la violencia y ratificamos que el camino para buscar la solución es el diálogo y no la extorsión”, puntualiza la asociación.
[Foto : El Nacional]
